El incumplimiento de los compromisos del Estado en materia de derechos humanos generó la necesidad de crear un sistema de defensa jurídica internacional a través de la instauración de una política pública (Consejo Nacional de Política Económica, 2003). En su implementación, la diversidad de temáticas y de entidades obligó a acudir a un sistema de articulación, procurando una defensa única orientada a satisfacer los requerimientos internacionales. No obstante, en el desarrollo se visibiliza un nuevo problema, que es la pugna de intereses propios de cada entidad.