Las discordancias involucran inconsistencias lógicas del sistema o no ausencia de posibles contradicciones, antinomias, posibles situaciones de dilemas morales (Martínez Zorrilla, 2007, págs. 86, 89). La ley 99/93 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursosnaturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 42 permite el pago de tasas retributiva y compensatorias por la utilización directa o indirecta de la atmósfera, el agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas. De otro lado la Corte Constitucional colombiana en la sentencia T-622/16, que al referirse al río Atrato, señaló al Río Atrato como, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas, e hizo énfasis en los derechos bioculturales, entendidos como la interdependencia entre la naturaleza y la especie humana. Este texto, pretende poner un signo de interrogación sobre la coherencia y la completitud del sistema jurídico colombiano, en lo referente a las normas legales que regulan los vertidos y las emisiones de las industrias.