El presente artículo tiene por objeto explicar, a partir de un método histórico jurídico e inductivo, la importancia de la sentencia de la Corte Suprema de Justica del 20 de octubre de 1898, en la que se condena al Estado por el decreto que da por caducado un contrato de concesión de obra pública que termina siendo adjudicado a un tercero. Esta decisión enseña el grave vacío en la historia, así como la existencia de figuras contractuales que se han mantenido por más de 120 años. A través del análisis del contrato de concesión y la declaración de caducidad estatal, se pretende aportar a la comprensión y armonización del sistema actual de contratación pública.