El acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) se firmó en el año 2016. A pesar de que este marcó un hito en la historia del país y constituye un paso importante en la búsqueda de salidas negociadas al conflicto armado y la reducción de la violencia, ha traído en el periodo de posacuerdo un proceso de desestabilización sociopolítica que ha derivado en múltiples vulneraciones de los derechos humanos, tanto en zonas rurales como urbanas. Estas se expresan en la persistencia de consecuencias humanitarias que, aunque ya no se derivan de una situación de conflicto armado no internacional, sino de la confrontación entre actores armados ilegales vinculados con el crimen organizado, son clara expresión del impacto de la lucha armada sobre la población civil. En múltiples ocasiones, estas consecuencias han llegado a niveles equiparables a los de las manifestaciones presentes en situaciones de conflicto armado. No obstante, cada vez la respuesta humanitaria amparada por el espectro normativo del DIH es más limitada, lo que hace que esta se convierta en uno de los principales retos de la etapa del posconflicto.