Este artículo tiene como objetivo examinar de manera crítica la figura del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en Colombia desde su origen, naturaleza jurídica, deberes, funciones y competencia. Busca también recordar las leyes y acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que hicieron posible el surgimiento y puesta en marcha de este funcionario. La metodología de investigación es documental y pretende, a través de la consulta doctrinaria, jurisprudencial, de normatividad y de acuerdos e informes del Inpec, recoger datos sobre el tema que sustentan la investigación para un análisis de aproximación al objeto de estudio y concluir sobre su eficacia frente a sus funciones. Entre los hallazgos, se destaca la importancia de este funcionario en la ejecución de la pena como el encargado de velar por el cumplimiento de las sentencias condenatorias; sin embargo, con respecto a la función inspectora que tiene como juez constitucional en la fase de ejecución de la pena, esto en la realidad resulta letra muerta porque, como lo señalada la jurisprudencia, hay una constante violación de los derechos humanos para el privado de la libertad.