La implementación y evolución del proceso de descentralización en Colombia en materia fiscal y administrativa ha ido trasladando competencias, funciones y responsabilidades hacia los gobiernos locales, dotándolos de recursos para asumir los nuevos compromisos a través de la transferencia de recursos del nivel central al territorial, en un escenario donde los tributos de mayor recaudo pertenecen a la nación, en tanto que los municipios se deben financiar con gravámenes limitados en términos de cantidad y eficiencia, lo que los hace depender, en mayor grado, de los dineros transferidos desde el gobierno central. Este es el caso del 87.9 % de los municipios del país, clasificados como de sexta categoría de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley 617 del 2000, cuya baja capacidad de autofinanciamiento y alto nivel de dependencia fiscal dio origen al presente artículo, en el cual se aborda esta problemática con un análisis de causalidad, basado en el uso de estimaciones econométricas.