Los principios rectores del control fiscal establecidos en la Constitución de 1991 tienen la función de guiar la gestión fiscal tanto de instituciones públicas como de privados que administren recursos de la nación, para que esta se realice de manera económica, eficaz, eficiente, con equidad y teniendo en cuenta la valoración de costos ambientales. De igual forma, los entes de control que ejercen la vigilancia sobre la gestión fiscal deben realizar un ejercicio de auditoría y control que les permita evaluar el cumplimiento de los mismos. El presente capítulo pretende presentar una lectura de los desarrollos de cada uno de estos principios constitucionales, a partir de la jurisprudencia, la doctrina y normas aplicables. Lo anterior, en aras de promover una reflexión sobre los retos ante los eventuales ajustes a nivel normativo de la política pública de control fiscal y los procedimientos que en ella se aplican.