La protección prevalente de los derechos de niños, niñas y adolescentes, está a cargo de la familia, la sociedad y el Estado; siendo este último el responsable de establecer mecanismos para hacerlos efectivos. En esa línea argumentativa, se preguntó si exigir la conciliación previa en procesos de alimentos, al tenor de la Ley 640 de 2001, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de esa población. Para responder, se entrevistaron varios conciliadores en el municipio de Bucaramanga, cuyo resultado mostró la problemática frente al reconocimiento de los derechos alimentarios. Debe resaltarse que, el tiempo objeto de observación inicialmente previsto en el proyecto, se redujo porque no todas las instituciones conservan datos de la década pasada. Así que, la información obtenida emana del trabajo de tres egresados no graduados del programa de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, quienes fungieron como auxiliares de investigación.