A partir del presente análisis se busca ofrecer una explicación clara y comprensible de los principios constitucionales del derecho laboral administrativo. Para ello, es relevante identificar cada principio, tanto doctrinal como jurisprudencial, pues correlacionados permiten el establecimiento de categorías verdaderamente diferenciadoras a la hora de ubicarlos dentro del derecho del trabajo, entendido como obligación social. La mayoría de tratadistas se han limitado a considerar este derecho a partir de los principios del derecho administrativo laboral, bajo una articulación con el área del derecho público y no como una parte del derecho del trabajo. Dicha concepción es administrativista y desconoce el ámbito laboral que circunda el marco de la coordinación económica y el equilibrio social, y que posibilita entender que, actualmente, el Estado es el mayor empleador, cuyo deber es ser garante de los derechos consagrados en el Estatuto Superior como Estado social y democrático de derecho.