El Estado Colombiano a través de sus instituciones tiene como fin el cumplimiento de los DDHH y la Carta Magna colombiana, a través de políticas y procedimientos, en su mayoría administrativos en ejercicio de la Función Pública. Convertir esa función en una realidad es gracias, por lo general, al nivel o proyección de inversiones a través de la Contratación Estatal, con sus principios y normas aplicables; ante cualquier situación adversa y durante todas las vigencias fiscales.