Con la inasistencia de algunos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la firma de la Paz en el Teatro Colon, se envio un mensaje de desaprobacion con el cual se objeto el proceso de ratificacion de los Acuerdos firmados en la Habana, mas conocido como “fast track”. Para algunos expertos, esta manifestacion de molestia se debio a la exclusion total de la Sala Penal, de toda competencia como organo de cierre, en lo que tenia que ver con investigaciones adelantadas en contra de las FARC. Por otro lado, el Consejo de Estado tambien manifesto su preocupacion y alerto sobre la necesidad de coordinar la Jurisdiccion Especial para la Paz (en adelante JEP) con la Rama Judicial como uno mas de los retos por asumir en el Poder Judicial . Incluso la Corte Penal Internacional hizo lo propio y recomendo a la JEP permitir que los individuos responsables por conductas que constituyan crimenes del Estatuto de Roma sean llamados a responder ante la justicia , en aras de combatir la impunidad y rechazar la creacion de mecanismos que justifiquen un trato privilegiado. Dentro de este contexto, consideramos que resultan de gran importancia, las distintas posiciones que han adoptado las Altas Cortes teniendo en cuenta que en su seno –hablando de las nacionales–, se han presentado falencias en el deber de esclarecer, investigar y juzgar delitos del conflicto armado; adicionalmente veremos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha asumido el fenomeno de la Cosa Juzgada Fraudulenta, y tambien consideraremos las opiniones de expertos, estudiosos y preocupados para determinar si con ocasion de la implementacion de los Acuerdos de Paz y las “superfacultades” de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y de Determinacion de Hechos y Conductas (en adelante SRVRDHC) de la JEP nos encontramos ante la Relativizacion de la Cosa Juzgada.