La paz es un valor supremo para los estados social y democraticamente constituidos, su obtencion y mantenimiento requiere que la totalidad de recursos juridicos disponibles, funcionen plenamente. Con ese proposito, el ordenamiento colombiano contempla directrices de justicia transicional y controles internacionales, destinados a regular la legislacion interna implementada en desarrollo de procesos de finalizacion del conflicto. En un momento crucial como la instauracion de la mesa de dialogos para la paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, se aviva la preocupacion de la poblacion colombiana sobre la desproteccion del derecho al trabajo, la igualdad y los derechos de la poblacion campesina y desmovilizada. La desatencion en el agro y la falta de empleo son circunstancias que dieron origen al conflicto armado interno, que aun hoy no se han resuelto y que con el ingreso de miles de desmovilizados al mercado laboral, empeoraran. El sistema colombiano ha de ser provisto de plenas garantias de no discriminacion laboral en beneficio de los excombatientes, de modo que conduzca a la disminucion y erradicacion de conductas discriminatorias de gran impacto socio-economico, por medio y en cumplimiento del control de convencionalidad y de las garantias de no repeticion, ello a traves de la denominada Presuncion de Discriminacion Laboral para la Transicion.