La actividad empresarial es un factor clave a tomar en cuenta al momento de adelantar procesos transicionales de paz. Las experiencias internacionales han mostrado que en contextos de largos conflictos armados, las empresas y corporaciones pueden desarrollar actividades con las cuales, de forma directa o indirecta, se afectan derechos de las comunidades y se incurren en violaciones de Derechos Humanos. En tal sentido, un modelo adecuado de justicia transicional debe incorporar mecanismos mediante los cuales se garanticen los derechos de las víctimas con relación a la investigación, juzgamiento y sanción de eventuales violaciones de Derechos Humanos en que incurran las empresas dentro del territorio en conflicto. El presente artículo muestra las experiencias internacionales en la materia, a partir de instrumentos de autorregulación, por una parte, y de judicialización, por otra parte. Además, se efectúa un análisis del asunto en torno a la experiencia que actualmente se desarrolla en la justicia transicional colombiana.