La sentencia supone una nueva contribución al extenso proceso de construcción jurisprudencial del derecho al acceso a cargos públicos del artículo 23.2 CE, al concluir que la dilación excesiva e injustificada de los trabajos de una comisión de investigación creada en el seno de las Cortes de Castilla y León, equivalente a su paralización objetiva, afecta al núcleo esencial del ius in officium de los procuradores recurrentes porque pone en riesgo el cumplimiento de la finalidad para la que la comisión fue creada y restringe o impide el ejercicio del cargo por parte de los miembros de la misma.