En los últimos años, los gobiernos de América Latina le han apostado a formular y ejecutar nuevas formas de gestión policial, aplicando las nociones de seguridad ciudadana y participación de las comunidades, con el fin de involucrar las poblaciones en los planes, programas y proyectos dirigidos a garantizar la seguridad de los territorios, desde una perspectiva enfocada en la prevención más que en la represión. Los nuevos modelos de policía comunitaria que se han puesto en práctica en diferentes países de la región comparten unos principios, así como comparten retos y desafíos para su ejecución, en especial, en lo que se refiere a la participación efectiva de los habitantes de los territorios y su respuesta frente a los cambios propuestos.