La tradición del Federalismo Fiscal ha comprendido la intervención pública desde múltiples ámbitos de gobierno territorial, entre otros, configurando el tamaño de su jurisdicción en función de una correspondencia óptima con la eficiencia en la provisión de bienes públicos. Esto supone la dificultad por encontrar un único tamaño óptimo cuando -como es el caso de las regiones metropolitanas- se superpone la provisión de múltiples bienes públicos, fragmentando y traslapando jurisdicciones de gobierno. El artículo explora este dilema y lo expone como no resuelto, planteando la necesidad de avanzar en esquemas de tipo gobernanza que superen la rigidez de la jurisdicción.