Desde 1984, Colombia ha asperjado glifosato como principal estrategia para el control de cultivos ilícitos. En 2015 las fumigaciones se suspendieron debido a sus efectos nocivos sobre la salud humana y el ecosistema. Pero en 2018, con el anuncio de su retorno por parte del Gobierno, se produjo un intenso debate público que recogieron los medios de comunicación. Con el fin de identificar los artefactos retóricos más eficaces usados por simpatizantes y detractores de la medida se analizaron 167 piezas, el total de las publicadas en cuatro medios de prensa nacional entre junio de 2018 y julio de 2019. El debate, que osciló entre la necesidad de la aspersión para combatir el narcotráfico y el deber estatal de proteger los derechos humanos y ecosistémicos, cesó temporalmente con una confusa declaración de la Corte Constitucional, que avaló las aspersiones.