El cambio constitucional realizado en Colombia en 1991 despertó la ilusión de que la política colombiana dejaría de ser excluyente. Luego de un cuarto de siglo de vigencia, los colombianos parecemos escindidos entre lo que aspiramos a realizar y lo que efectivamente logramos en el marco de las instituciones existentes. La causa de esta disparidad debemos buscarla en ese mismo marco institucional. En este artículo destaco la ausencia de incentivos para participar en las elecciones, el limitadísimo efecto de la circunscripción nacional y el carácter antidemocrático del régimen de financiación de las campañas políticas. Las consecuencias de este mal diseño institucional son diversas: la extensión de la corrupción en el sistema político y en la sociedad en general; el mantenimiento de una estructura tributaria inequitativa y opaca, y la consolidación de un capitalismo extractivista y rentístico. A modo de conclusión, arguyo que los problemas de la representación política en Colombia deben verse en el trasfondo de una crisis global, específicamente, en términos de un agotamiento de la democracia electoral. Como alternativa, abogo por la adopción de la democracia por sorteo.