En pocos años Colombia ha pasado de ser un país emisor a convertirse en receptor de inmigrantes internacionales, particularmente debido a los flujos migratorios mixtos procedentes de Venezuela. Esta situación sobrevenida conlleva nuevos desafíos económicos, políticos y sociales que necesitan ser abordados desde diversas disciplinas, entre ellas el derecho. Este artículo trata sobre uno de los retos más visibles y urgentes que afronta la sociedad colombiana: la atención integral en salud de los inmigrantes que se encuentran en una situación administrativa irregular. La investigación parte de la premisa de que el inmigrante es titular de unos derechos que le son inherentes, irrenunciables e inalienables, y de los que no puede ser despojado, independientemente del lugar donde se encuentre. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico colombiano no existe esta previsión, por lo que se hace necesario revisar las regulaciones de otros países que sí la contemplan, como son España y Chile. Aunque en Colombia se han venido adoptando algunas medidas para facilitar el acceso a la sanidad de los inmigrantes irregulares, las incipientes políticas migratorias en salud obligan a articular otras estrategias más o menos transitorias hasta tanto las leyes no alcancen la madurez necesaria o se introduzcan las oportunas modificaciones.