La Corte Constitucional, a partir de la Sentencia T-629 de 2010, ha reconocido la necesidad de corregir el escenario actual de discriminación y vulneración a derechos fundamentales de los trabajadores sexuales, mediante la creación de un marco normativo que delimite las condiciones en las cuales deben ser prestados los servicios sexuales, así como la determinación de los derechos que en cabeza de los trabajadores sexuales reposan, sin que a la fecha el Congreso haya subsanado la falta de legislación en la materia. Se analizan, por tanto, en este texto, las implicaciones y necesidades de un marco jurídico que permita el reconocimiento de los derechos laborales de esta población.