La invasion de espacios publicos en Colombia, y en especial en el departamento de Arauca, se ha vuelto tendencia, mas aun con el fenomeno del clientelismo que fomenta o aplaude esta actividad en epocas de elecciones y cierra las puertas a posibles desalojos por parte de funcionarios que llegaron al poder con la cooperacion de quienes, legal o ilegalmente, habitan este territorio. Es asi como la estadia en estos asentamientos se ha extendido en el espacio y el tiempo, y ha dado lugar a la iniciacion de procesos de restitucion de espacio publico de manera masiva, pero sin mayores resultados. Sin embargo, aquellos casos en los que si se ha propuesto y materializado la ejecucion de medidas y desalojos en pro de recuperar el espacio publico, se han dado sin consideraciones y desconociendo por parte del Gobierno departamental las obligaciones que la Constitucion, la jurisprudencia y las normas internacionales que vinculan a Colombia le imponen como garantias de los derechos economicos, sociales y culturales, principalmente el de la vivienda digna, para con esta poblacion, en notable estado de vulneracion de las garantias que deben incorporarse dentro de estos procesos y materializarse antes de la ejecucion de desalojos forzosos.