La persona humana, origen y fin del Estado, posee derechos inherentes a su personalidad que este reconoce y debe proteger. La Administración está para servir al público, lo que legitima el ejercicio de poderes que el ordenamiento establece. El Estado democrático y social de Derecho se basa radicalmente en los valores de la libertad e igualdad y es promotor de los derechos fundamentales, incluidos los sociales. A su respecto, los órganos jurisdiccionales son relevante garantía y ningún asunto les es ajeno