La necesidad de abastecer los núcleos poblacionales para la satisfacción de necesidades básicas corresponde con una priorización a la que debe atender la función administrativa en la prestación de los servicios públicos. En consonancia con ese propósito, y frente a la problemática que actualmente atraviesa el recurso hídrico, los países han comprometido su esfuerzo para lograr el desarrollo sostenible bajo una visión reduccionista de las problemáticas sociales. Es ahí donde las prácticas de mejora regulatoria pueden contribuir desde la planeación, ejecución y evaluación, para alcanzar de manera efectiva los Objetivos de Desarrollo Sostenible y así lograr la satisfacción del interés general.