El criterio orientador de la Sostenibilidad Fiscal (SF), introducido en el articulo 334 de la Constitución Política, representa un cambio de paradigma en la relación entre la justicia como valor constitucional y la eficiencia, precepto que permite realizar la faceta social del modelo estatal imperante. La obligatoria aplicación de la SF en las actuaciones de todas las autoridades públicas cobra especial relevancia en las providencias dictadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dado el alto impacto fiscal derivado de las sentencias dictadas en contra del Estado. Igualmente importante, resulta el Incidente de Impacto Fiscal -IIF- que conlleva un ejercicio de valoración a posteriori de los efectos fiscales de las decisiones de las altas cortes. Las incidencias de la aplicación del criterio orientador de la SF, en el derecho de tutela judicial efectiva en el contexto de los procesos contra la administración muestran la necesidad de lograr un acercamiento complementario entre la justicia y la eficiencia, lo que puede alcanzarse a través de la articulación del criterio de la SF con la ratio deddendi de cada providencia.