Aunque la Ley 388 de 1997 reafirmó las competencias constitucionales del municipio en relación con la ordenación de su territorio y la reglamentación de los usos del suelo, esta norma también introdujo la figura de los determinantes de ordenamiento territorial o conjunto de “normas de superior jerarquía” que deben ser tenidas en cuenta por los municipios al diseñar sus respectivos planes de ordenamiento territorial. Esta investigación analiza la forma en que esta figura se integra en nuestra regulación urbanística y la manera en que condiciona la autonomía municipal y la toma de decisiones en el ejercicio de las competencias constitucionalmente reconocidas.