Cuando las autoridades gubernamentales, bajo el mando de procurar e impartir justicia, siembran pruebas, se modifica la escena del crimen, se fabrican delincuentes, se desaparecen evidencias, se recurre a la tortura para conseguir la autoincriminación. En tanto, se impide por parte del General Secretario de Defensa Nacional a los miembros del Grupo de Expertos Independientes GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizar diligencias de inspección en instalaciones militares en busca de indicios de 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, bajo el argumento de que ello representaría una vulneración a la soberanía del Estado.