Este articulo ilustra el fenomeno de criminalizacion de la protesta social en Colombia; cuando ingresaron a la escena politica los actores sociales, entre las decadas de 1920 a 1930, las elites politicas reaccionaron rapidamente para frenar los procesos de democratizacion, utilizando el derecho penal para criminalizar al contradictor politico. Por ello se tipificaron como delitos las huelgas para impedir legalmente la accion de lideres sindicales, estudiantiles y agrarios y de izquierda, y de los comunistas. Se identifican y analizan desde enfoques sociojuridico y dogmatico penal cuatro normas penales cuya creacion estuvo encaminada a reprimir movimientos sociales: las Leyes 78 de 1919, 21 de 1920, el Codigo Penal de 1936 y el Estatuto de Seguridad de 1978.