La sociedad de la información y del conocimiento ha generado cambios en todos los niveles de relacionamiento. Hoy día las personas, empresa y gobierno tienen la posibilidad de generar comunicación a través de medios electrónicos. Sin embargo, el gobierno está sometido al principio de legalidad –aún más que las personas y empresas- en la forma de comunicarse, estableciendo procedimientos detallados que aseguren que todas las decisiones que desde allí se tomen estén ajustadas a la constitución, la ley y el principio democrático. Por esto, se procedió a revisar cuales son los insumos que desde las nuevas tecnologías se le han otorgado al Estado y al acto administrativo, forma principal por la cual crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de interés de la sociedad. Las principales fuentes de revisión fueron la ley, jurisprudencia y doctrina, articulados bajo una investigación sistemática.