Una justicia digital supone la utilización de las tecnologías de la información, comunicaciones y redes, en la resolución de conflictos y en la gestión de administración de justicia, por ello comprende el proceso judicial electrónico, el expediente electrónico y todas las actuaciones desarrolladas por las personas y entes que intervienen en dicha actividad, para el intercambio, acceso y difusión de la información que en ella se recibe y se genera. Pero la incursión de estas tecnologías a la justicia, no solo la hace acreedora de sus bondades sino también vulnerable a sus riesgos, tales como la intromisión a la esfera íntima, la divulgación de datos personales, la permanencia de la información en las bases de datos, a veces errónea o desactual izada, entre otros.