Resúmen Desde la expedición de la Constitución de 1991 se ha producido un intenso proceso de intervención judicial en el sistema penitenciario colombiano. Este proceso ha sido impulsado por una novedosa forma de resistencia a las condiciones infrahumanas de reclusión a través de la utilización del derecho por parte de personas privadas de la libertad, organizaciones no gubernamentales y clínicas jurídicas. Este artículo se centra en la descripción de los procesos que dieron lugar a las tres decisiones estructurales más importantes de la Corte Constitucional de Colombia sobre prisiones (Sentencia T-153/1998; Sentencia T-388/2013 y Sentencia T-762/2017), y tiene como objetivo explicar los retos que supone la creciente juridificación de la vida en prisión, así como su impacto en la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.