La propiedad es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional. Pero su ejercicio implica obligaciones y debe estar acorde al interés general, dada la función social que le es inherente. La propiedad industrial no escapa de estas directrices, por lo que al ser concedida una patente, muy a pesar del carácter monopólico y exclusivo que envuelve, puede ser limitada a través de lo que se conoce como “licencias obligatorias”. Estas figuras permiten la explotación del derecho por un tercero, en las situaciones y mediante los requisitos que el marco normativo colombiano impone.