El propósito del presente trabajo es elucidar cómo la política criminal colombiana, con su giro hacia la seguridad ciudadana, obedece a lineamientos políticos internacionales y a estrategias geopolíticas de los centros de poder de la economía globalizada, principalmente (aunque no exclusivamente) de EE.UU. Esta política ha generado problemas en tres niveles: un primer nivel, que evidencia problemas de legitimación; un segundo nivel, de adecuación de los medios a los fines, y un tercer nivel, de problemas colaterales en la aplicación de las políticas de seguridad. Para ello haremos, primero, una contextualización de la aplicación de políticas públicas en los países periféricos; en un segundo momento, una aproximación somera a las políticas criminales del Estado en el siglo XXI; luego se profundizará en la concepción y aplicación de la política de Seguridad Ciudadana, y se terminará con el planteamiento y explicación de los problemas que genera la aplicación de esta política.