La Universidad de Córdoba en Colombia ha sido declarada objeto de reparación colectiva, un caso único sui géneris en el mundo. El plan contempla 48 medidas, entre ellas dotar al alma máter de un nuevo estatuto universitario, para remplazar al implementado por las Autodefensas Unidas de Colombia AUC entre los 90 y comienzos del 2000, por lo que se denominó “la toma a sangre y fuego”, en la que fueron asesinados dieciséis integrantes de esta institución y otro grupo, de al menos seis profesores, tuvo que exiliarse. En el departamento de Córdoba se han mezclado dos fenómenos de signo opuesto que facilitaron las prácticas genocidas. Por un lado, el clientelismo político que atrapa un electorado en extrema pobreza cautivo a un cacique que concentra un poder territorial, por otro lado, un grupo que actúa bajo una triada: terratenientes-ganadería y narcotráfico. Es así que se consolida una de las más impactantes concentraciones de tierra en la historia contemporánea del país. Al finalizar la década pasada, los periódicos titulaban que ser educador en Córdoba es “la profesión más peligrosa”. Este documento hace parte de una investigación más amplia que da cuenta de las estrategias de los grupos paramilitares para tomarse las universidades del estado, como una maniobra de guerra, recurriendo al control académico, de los sindicatos y del movimiento estudiantil. Metodológicamente, se procede a través de un análisis de documentos prescriptivos, testimoniales, periodísticos (investigaciones, reportajes, columnas de opinión, etc.), y académicos (artículos de investigación, libros, informes de estudios de pregrado y posgrado) entrevistas a profundidad.