Este artículo explica por qué la Superintendencia de Industria y Comercio (Resolución 13895) desconoció el Ordenamiento Civil colombiano cuando se omitió el orden de prelación de créditos con el fin de proteger los derechos del consumidor; el origen legal de esta institución no permite su desconocimiento por parte de autoridades administrativas y judiciales. El consumidor, por sus características especiales, solo puede ser visto como un acreedor quirografa­rio; la Resolución 13895 otorgó a los consumidores prioridad sobre aquellos acreedores con privilegio y preferencia. Un acto administrativo desconoció un expreso mandato de la ley.