Las políticas multiculturales, la promoción de la diversidad cultural y el reconocimiento de múltiples identidades culturales, étnicas y políticas dentro de los Estados han propiciado que el derecho del patrimonio sea discutido dentro del contexto de los derechos humanos. La participación de comunidades (especialmente de comunidades indígenas) en los procesos de patrimonialización de sus recursos culturales ha abierto el camino hacia el reconocimiento del derecho al patrimonio cultural como un derecho humano. La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, el Convenio de Faro, el informe de la experta independiente en el campo de los derechos culturales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) son los más recientes desarrollos a nivel internacional en el reconocimiento de un derecho de acceso y disfrute al patrimonio cultural. Las convenciones de la Unesco y otros instrumentos jurídicos del derecho del patrimonio elaborados en el siglo XX requieren ser actualizados en su interpretación y operación para incluir la participación efectiva de las comunidades en cuanto a la repatriación y a los procesos de nominación, designación y gestión del patrimonio mundial.