El empleo público, como recurso social escaso, ha sido convertido en fortín político o en la posibilidad de materializar el interés individual y caprichoso del servidor que representa al Estado empleador, a través de efigies como la discrecionalidad administrativa. La denominación y el significado ambiguo de esta potestad viabiliza, por efectos de conveniencia, desconocer las implicaciones del Estado Social de Derecho, los principios mínimos fundamentales de la relación laboral y los derechos fundamentales del trabajador. La connivencia resistente a las transformaciones que refleja el legislador y las posturas altamente distanciadas entre las instancias de cierre del poder judicial alimentan, por una parte, el gobierno de la ley por encima de los contenidos normativos supra. Por la otra, tornan selectiva la posibilidad de las personas de encontrar una protección efectiva de sus derechos. Ambas posturas son altamente deletéreas para el modelo neoconstitucional.