El derecho fundamental a la prueba es una garantia constitucional. Su correcto desenvolvimiento es una exigencia para la realizacion de justicia. El nuevo proceso penal, comprendido en el marco del nuevo Codigo Procesal Penal de 2004, enfrenta en torno al mismo dos grandes problemas: necesidad de lectura constitucional de las normas que regulan la actividad probatoria y falta de una cultura de verdad. El presente articulo gira en torno a dicha problematica analizando especialmente lo respectivo a las reglas de prueba nueva en el juzgamiento y proceso de apelacion de sentencia; e interpretaciones gramaticales o legalistas que sacrifican derechos fundamentales del acusado.