En el caso sometido análisis la Corte Constitucional evaluó la posible vulneración entre otros derechos constitucionales, el derecho a la vida digna, la igualdad y la educación; en razón del incremento de la tarifa, la incorporación de una tarifa diferencial y la ampliación de la base de los bienes y servicios gravados con IVA mediante la Ley 1819 de 2016. El caso deja expuesto el problema de la sensibilidad de los cambios normativos en este tipo de impuestos indirectos pese a la declaratoria de ineptitud sustantiva de la demanda.