La corrupción es uno de los principales temas que preocupa a los colombianos, debido a los numerosos casos que día a día salen a la luz pública, y que evidencian el mal uso del poder y de los recursos públicos por parte de autoridades y ciudadanos en todos los niveles de gobierno. Durante el 2017, 200 funcionarios, entre fiscales, jueces, magistrados, policías y políticos han sido detenidos por corrupción. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer para prevenir la corrupción sistémica en el Estado? Para analizar este interrogante, el presente artículo busca mostrar como la corrupción históricamente fue tolerada en razón a la existencia de una cultura patrimonialista y clientelista dentro de la función pública; para después estudiar la falta de interés de las elites colombianas sobre los controles a la administración en la Constitución de 1886. Posteriormente, será analizado el gran cambio que trajo la Constitución de 1991 en materia de controles a la administración pública, para luego explicar las dificultades que se han presentado en la práctica para cambiar las viejas prácticas.