Esta investigación examina las disposiciones y los principios contenidos en el estatuto de contratación estatal y en la normatividad complementaria que permiten modular la aplicación de la regla de subsanación de los requisitos habilitantes de los proponentes contenida en el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018. Se constata cómo, a partir de un entendimiento exegético de esta norma, se generan efectos adversos sobre la práctica contractual. Mediante la identificación de reglas contenidas en la abundante, pero a veces contradictoria, jurisprudencia del Consejo de Estado, se busca determinar el correcto alcance de la regla de subsanabilidad, de cara a principios como el de la primacía de lo sustancial sobre lo formal y de una interpretación sistemática y teleológica del ordenamiento jurídico.