La revocatoria de inscripción de candidatos a cargos de elección popular como procedimiento administrativo conlleva a una decisión sobre la eventual causal de inhabilidad de aquellos, entregando una convicción invencible al candidato que aspira al respectivo cargo de elección popular, así como al elector que utiliza las urnas para elegirlo, basados en una seguridad jurídica y en un tipo de derecho adquirido. Sin embargo, posteriormente cualquier ciudadano puede promover la acción de nulidad electoral bajo las mismas causales de inhabilidad ya juzgadas en el procedimiento administrativo. Lo anterior, permite cuestionarse si esta acción viola los principios de non bis in ídem y Confianza Legítima; habida cuenta de ser un proceso posterior a la elección que afecta el principio democrático y el derecho a elegir y ser elegido.