La globalización y otros acontecimientos socioeconómicos ocurridos en las últimas décadas derivaron en el surgimiento de nuevos estándares para la Administración, por fuera de las fronteras tradicionales del derecho. De este modo, las crecientes relaciones con organismos y actores supranacionales como la OCDE han generado una ruptura en varias instituciones jurídicas del ámbito estatal y mayores influencias verticales, por lo que no es posible referirse a un derecho administrativo de monopolio exclusivo del Estado.