En el marco de un nuevo proceso de justicia transicional en Colombia, el presente trabajo busca desarrollar la responsabilidad de las personas jurídicas de derecho privado dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Si bien no existe la responsabilidad penal para personas jurídicas en nuestro ordenamiento, es necesario reconocer a las empresas como actores (directos e indirectos) del conflicto armado, por lo que deben responder por sus actos a través de nuevos esquemas de responsabilidad civil. En virtud de ello, se crea y se propone la implementación de un test que, de ser aplicado casuísticamente, auxilia al juez para determinar responsabilidad de la corporación derivada de los hechos relacionados con la confrontación armada en nuestro país. El test consta de dos fases, una primera de vinculación que le permite al juez determinar si vincula o no a la empresa al proceso y cuenta con tres criterios i) temporalidad, ii) conducta endilgada y iii) cargo desempeñado; una segunda de atribución de responsabilidad, que corresponde a unas actuaciones procesales paralelas al proceso penal que permiten determinar la responsabilidad civil extracontractual de la empresa por la comisión del delito del particular, para lo cual el juez cuenta con cuatro criterios, i) atribución, ii) conducta, iii) jerarquía empresarial y iv) metas y políticas empresariales. Con el presente trabajo se busca una contribución, desde el empresariado colombiano, a la reconstrucción de la verdad y a la reparación de las víctimas del conflicto, así como materializar los principios procesales en la justicia transicional.