El presente artículo analiza los derechos de la víctima del delito a partir del Nuevo Sistema Penal Acusatorio que se implementó en Colombia por medio de la Ley 906 de 2004, examinando, en primer lugar, si dicho sistema jurídico de enjuiciamiento establece claras y eficaces garantías sustanciales y procesales para las víctimas, y segundo, si dichas salvaguardas resultan compatibles con los principios dispuestos en materia de derechos humanos y fundamentales, indagación científica que de manera general corresponde a una investigación de tipo cualitativa y en algunos aspectos específicos a una investigación de tipo cuantitativa, y en la que se logró identificar el visible vacío jurídico que en materia de derechos de las víctimas significó la implementación del sistema jurídico analizado, toda vez que, si bien dicho ordenamiento incluyó múltiples derechos, es latente la limitación de participación y la falta de mecanismos idóneos para materializar dichos amparos, deficiencia que ha sido progresiva más no totalmente subsanada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en especial por medio de las sentencias C-454 de 2006, C-209 de 2007 y C-516 de 2007 en las que se logró restablecer un marco normativo coherente con los principios establecidos en derechos humanos y garantías fundamentales.