El principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales ha sido aplicado por la jurisprudencia colombiana, como parámetro de control de constitucionalidad en abstracto y en concreto. Dicho principio establece el reconocimiento de prestaciones mayores y superiores en relación con cada uno de los derechos sociales, económicos y culturales, e impone, por ejemplo, restricciones a la potestad de configuración normativa del legislador en la modificación de los requisitos pensionales. Este escrito recoge la jurisprudencia constitucional que ha dado aplicación al principio de progresividad frente a la modificación de los requisitos para acceder a la pensión en Colombia.