Resulta indudable la reducción político-normativa del principio de legalidad;la Administración no encuentra en este estándar un límite adecuado para su poder, mas sí un contrapeso que impide el libre cumplimiento de sus cometidos finales, razón por la cual la extensión dispositiva se redirige, en la actualidad, a los estándares jurídico-superiores con la eclosión del principio de juridicidad, el cual, al interior de la relación —esencialmente democrática— Administración-administrado[s], permite la proyección de los fines esenciales del Estado hacia la materialidad de verdaderas necesidades colectivas.