Con la entrada en vigencia de la reforma tributaria estructural, a partir del 1 de enero de 2017, el gobierno colombiano buscó aumentar el recaudo y contar con recursos para cubrir el déficit fiscal, además de adquirir nuevos recursos para el apoyo de asuntos sociales como el medio ambiente. El presente artículo de reflexión es el resultado de una investigación realizada por la autora con el apoyo de un grupo de estudio en formación como contadores públicos, bajo un proceso de investigación formativa, de tipo documental, con enfoque cualitativo, basada en una amplia revisión en bases de datos de revistas indexadas y demás información documental encontrada sobre el tema. El artículo tiene por objetivo analizar la contribución al medio ambiente desde la reforma tributaria de 2016. Entre los resultados se evidencia que a nivel internacional existe una tendencia generalizada a crear estrategias para motivar la reducción de la contaminación ambiental, generando apoyo a los empresarios potenciales contribuyentes, ya sea a través de beneficios tributarios o la imposición de gravámenes. En Colombia, el gobierno creó el impuesto sobre las emisiones de carbono y el impuesto al consumo de las bolsas de plástico, los cuales buscan desestimular el consumo de estos productos contaminantes, aunque para el caso de las emisiones de carbono el tributo es asumido por el consumidor final; además este impuesto como se paga en el valor del combustible, no se estima una disminución de su consumo, lo que limita el alcance de su objetivo primario.