El presente artículo contiene algunas reflexiones respecto a la imposibilidad constitucional y legal que tienen las entidades territoriales para instituir y reglamentar cajas menores, toda vez que dentro del ordenamiento jurídico colombiano, y atendiendo a la organización y estructura del Estado, solamente los organismos o entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación pueden hacerlo.
 En el escrito, con base en lo que establecen las normas, la jurisprudencia y la doctrina, se establece que no por el hecho de gozar de autonomía administrativa y de unos derechos, las entidades territoriales pueden arrogarse una facultad que la ley no les otorga, dado que la autonomía de que están investidas tiene unos límites que dentro de una república unitaria están determinados por la Constitución Política y por las normas.