Desde hace años, una de las grandes preocupaciones de los gobiernos industrializados es la evaluación de las políticas públicas. La gran diferencia entre la evaluación frente a otras técnicas de mejora gerencial, enfocadas al control económico y al cumplimiento normativo, es que la evaluación en la actualidad, aparece completamente unida a aspectos sociales, de transparencia democrática y tiene una estrecha relación con la publicidad de sus informes y la participación de todos los actores que entran en juego. En este artículo se analizará jurídicamente, la etapa de evaluación y seguimiento de las políticas ambientales, en torno a sus fortalezas y deficiencias, teniendo en cuenta la importancia de esta etapa dentro del ciclo de las políticas públicas, y las consecuencias o inconvenientes que se pueden presentar cuando ésta no se lleva a cabo eficazmente y no se cumple con el objeto de realizar seguimiento a las políticas ambientales adoptadas.