El documento presenta un análisis desde las normas y la jurisprudencia en torno a la necesidad de mantener una estructura jurídica, desde la teoría general del Derecho, que siga reconociendo la importancia de consultar con las comunidades étnicas y no limitando el Derecho fundamental de las mismas. Igualmente, se propone la obligación que tienen las autoridades de crear corazas jurídicas y administrativas para garantizar este Derecho y la participación activa de los pueblos en los procesos comunitarios que tengan como objetivo detener el avance de proyectos que menoscaben la integridad del territorio